"Si están exigiendo más recursos para la universidad pública, pues vayan y estudien, vagos."
Maria Fernanda Cabal, Senadora de la República de Colombia por el partido Centro Democrático, Nov/2018 (Fuente)

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¿Por qué paramos los estudiantes en Colombia?

Al momento de escribir estas líneas (19 de noviembre de 2018), los estudiantes de 32 instituciones públicas de educación superior en Colombia llevamos un poco más de un mes en paro. Hemos realizado varias marchas multitudinarias en las principales ciudades del país, colapsando el tráfico y logrando una gran difusión en los medios de comunicación nacionales e internacionales. No se veía un movimiento estudiantil de protesta tan amplio en Colombia desde el año 2011 y en este momento miles de estudiantes a lo largo y ancho del país están arriesgando la continuidad y terminación de su semestre académico por una causa que parece exceder cualquier tipo de meta personal. El asunto tiene dimensiones bastante grandes, por lo que vale la pena preguntarse ¿POR QUÉ PARAMOS LOS ESTUDIANTES EN COLOMBIA? Bienvenidos a este post en el que presentaré mi postura personal al respecto. Espero que lo disfruten.

En contexto

Casi todos los países en el mundo tienen sistemas públicos de educación, los cuales tienen como objetivo garantizarle a toda la población dentro de su territorio el acceso al mundo del saber. Los recursos que alimentan estos sistemas vienen del erario, es decir, los bienes que acumula el Estado gracias a los impuestos que todos los ciudadanos aportan cada vez que realizan alguna actividad comercial o económica. Por lo tanto, desde esta perspectiva se puede afirmar que el sistema educativo público de cualquier país es de TODOS, pues todos los ciudadanos de la nación lo sostienen financieramente de manera directa o indirecta.

En muchos países, Colombia incluida, la educación pública es gratuita al nivel primario y secundario, es decir, durante los cursos que se brindan entre los 5 y los 15 años de edad (Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia). Sin embargo, para el nivel de educación terciario (lo que en Colombia se conoce como educación superior o profesional) la situación es bastante distinta: En nuestro país la educación universitaria pública es parcialmente subsidiada. Esto quiere decir que los estudiantes de universidades públicas deben pagar un porcentaje determinado del costo por su educación, el cual además depende del estrato socioeconómico. En resumidas cuentas, en Colombia la educación universitaria pública es paga, aunque tiene un costo cinco veces menor (en promedio) que la educación universitaria de carácter privado. Además, la cobertura del sistema de educación superior colombiano es realmente baja, pues las universidades no tienen recursos ni planta física suficiente para atender toda la demanda de estudiantes. Para solventar este problema, muchas instituciones públicas deben hacer complejos exámenes de admisión para sus programas académicos o basarse en el puntaje de las Pruebas Saber presentadas por todos los estudiantes cuando terminan sus estudios secundarios; todo esto para tener algún tipo de filtro. Por ejemplo, para la Universidad Nacional (sede Bogotá), en el segundo semestre del presente año se presentaron unos 75 mil estudiantes, de los cuales solamente pasaron 5 mil. Esto quiere decir que la Universidad Nacional, que es la institución de educación superior más grande del país, solamente está atendiendo el 6,7% de su demanda de estudiantes cada semestre. Es un porcentaje de acceso demasiado bajo.

La gratuidad en la educación superior pública es una lucha históricamente perdida en Colombia. Los colombianos miramos con envidia a países como Finlandia, Noruega, Alemania, Francia, Argentina, Uruguay, Brasil, México, entre otros, en los que sí cuentan con un sistema educativo gratuito, de calidad e incluyente. Es que, además de que en Colombia la educación superior pública no es gratuita, tampoco hay estándares altos de calidad. De hecho, en el ranking de las 25 mejores universidades de Latinoamérica, cuatro son colombianas; y de estas, SOLAMENTE UNA ES DE CARÁCTER PÚBLICO (Fuente).

Y bien, la falta de calidad y cobertura de las universidades públicas en Colombia no es un hecho aislado; es el resultado de una política histórica en nuestro país: La baja inversión al sector educativo. Para el año 2013, el Gobierno Nacional invirtió el 3.1% del Producto Interno Bruto en educación, cifra que palidece frente al 8.3% que invierte Brasil, por ejemplo. Es que somos uno de los países de América Latina que menos invierte en educación. Esta información la podemos ver claramente y con mucha vergüenza en el siguiente gráfico:

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Una deuda histórica

El 3.1% del PIB expresado anteriormente corresponde a la totalidad del dinero invertido por el Gobierno Nacional en educación pública. Esto quiere decir que ese gasto incluye las escuelas públicas, las instituciones de educación media (el SENA y algunos colegios con modalidades técnicas), los programas de primera infancia y, claro está, las universidades públicas. Si la situación presupuestal de la educación estatal en general ha sido crítica a lo largo de la historia, el caso de las universidades es realmente miserable. Veamos la principal razón:

En 1992 se expidió la Ley 30, que reglamenta todos los temas relacionados con la repartición del presupuesto para la educación pública en Colombia. Allí quedó estipulado que el dinero destinado para las universidades estatales en el país crecería anualmente según el IPC (Índice de Precios al Consumidor), el cual es un indicador de inflación. Pues bien, resulta que la inflación en Colombia no ha crecido considerablemente desde 1993 (ver gráfico abajo), por lo que los recursos de las universidades públicas han quedado congelados durante más de veinte años.

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Las universidades públicas colombianas tienen prácticamente los mismos recursos de hace 25 años, pero al mismo tiempo tienen muchos más estudiantes. Por ejemplo, la Universidad Nacional tenía 43.138 estudiantes matriculados en el año 2003, mientras que en el segundo semestre de 2013 tenía 51.005 estudiantes (Fuente). Esto refleja un crecimiento de aproximadamente un 18% en 10 años, sin existir una mayor variación en los recursos económicos de la institución. Esta situación se ve reflejada en todas las universidades públicas del país. Por ejemplo, en la universidad en la que estudio (Universidad Tecnológica de Pereira) hay en la actualidad unos 18.500 estudiantes, mientras que en 1993 (año en el que se expidió la Ley 30) no se superaban los 3.000.

La situación anterior ha hecho que el Estado Colombiano acumule una deuda histórica de aproximadamente 15 billones de pesos con las universidades públicas de todo el país por concepto de infraestructura y calidad educativa (Fuente). Por lo tanto, la única solución de fondo al problema de la educación superior pública en Colombia es una reforma total a la Ley 30 de 1993, proceso que es bastante demorado y que después de muchos intentos no se ha podido realizar por negligencia de la clase dirigente. Sin embargo, hay situaciones urgentes que deben ser solucionadas YA MISMO, siendo estas las razones que han convocado al paro estudiantil del presente año.

El movimiento estudiantil del 2018

Marcha estudiantil del 10 de Octubre en Pereira - Foto tomada con mi celular

Si bien la situación de las universidades públicas en Colombia es crítica desde hace más de 20 años, la crisis estalló en el 2018. En diversos informes presentados desde Agosto, se estimó que las 32 instituciones de educación superior pública en el país están en quiebra, necesitando con urgencia un total de 500 millones de pesos para solventar los gastos de funcionamiento hasta diciembre del presente año (Fuente). Recordemos además, que el gobierno acumula una deuda histórica de 15 billones de pesos con las instituciones de educación superior. Esto ha hecho que las universidades tengan que buscar recursos a través de terceros: Muchas instituciones han abierto programas académicos privados para financiarse y otras se han visto en la obligación de firmar contratos en los que prestan diferentes servicios a empresas privadas para sostenerse. Además, los grupos de investigación carecen de recursos, haciendo en muchas ocasiones que los estudiantes tengan que aportar dinero de sus propios bolsillos para la culminación exitosa de los distintos proyectos. Los grupos de investigación son los que, en última instancia, definen la calidad de una universidad. Por lo tanto, la falta de presupuesto para estos grupos puede ser una de las principales causas de los bajos puntajes de nuestras universidades en los escalafones internacionales.

La situación anterior hizo que los estudiantes se cansaran definitivamente y decidieran salir a las calles a exigir presupuesto para la educación pública. El paro estudiantil comenzó con una multitudinaria manifestación nacional el 10 de octubre del presente año y, a la fecha, se han realizado unas 6 movilizaciones masivas en todo el país. Se decretó un cese total de actividades académicas en las 32 instituciones públicas de educación superior, poniendo de esa manera en jaque al gobierno colombiano.

Al inicio de la manifestación estudiantil, la UNEES (Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior) presentó un pliego de 10 exigencias al gobierno nacional que se puede leer aquí. Entre las más destacadas, es posible mencionar el aumento de 4,5 billones de pesos del presupuesto nacional a las instituciones de educación superior, el aumento en un 100% al presupuesto de Colciencias (entidad encargada de financiar la investigación científica en Colombia) y la reliquidación de las deúdas del ICETEX (entidad estatal de créditos educativos) con 0% de interés.

Un gobierno sin voluntad

El estallido de la crisis en las universidades públicas coincidió con la elección y posesión del presidente Iván Duque Márquez, quien la semana pasada cumplió 100 días de gobierno. La popularidad del presidente bajó de un 53% en septiembre a un 27% la semana pasada (Fuente) y muchos colombianos afirman que "gobernar al país le quedó grande", siendo las manifestaciones estudiantiles una de las principales causas de esta opinión. Es que la actitud de Duque y su gabinete durante todo este proceso ha sido de total desinterés e incompetencia. Les presento un resumen de algunas de las decisiones tomadas por el gobierno nacional en el marco de la manifestación estudiantil:

• Después de la multitudinaria manifestación del 10 de Octubre, Iván Duque dijo delante de todos los medios de comunicación que aumentaría en un billón de pesos el presupuesto para la educación pública (Fuente). Sin embargo, públicamente no mencionó dos cosas: Primero, que se trataba de un aumento al presupuesto general de educación, del cual a las universidades públicas solamente les llegaría aproximadamente el 10%; y segundo, que los recursos saldrían de las regalías, es decir, del dinero que el gobierno nacional le transfiere a cada municipio del país para sus gastos. Por lo tanto, estos recursos no son fijos y dependen de que cada municipio haga un aporte para las universidades, hecho que es utópico teniendo en cuenta que estos dineros tienen destino desde el principio del año. Además, este billón de pesos no sería un aumento inmediato, sino que se diferiría a dos años.
• El 26 de octubre, Iván Duque se reunió en una mesa de negociación con los rectores de las 32 universidades públicas del país, ignorando totalmente al movimiento estudiantil, pues no convocó a ningún representante de los estudiantes ni de los docentes. Allí firmaron un acuerdo en el que el gobierno se comprometió a aumentar el presupuesto directo para las universidades públicas en 3 puntos porcentuales del IPC durante 2019 y 4 puntos porcentuales desde 2020 hasta 2022 (Fuente). Esto representa, aproximadamente, un aumento de 1,2 billones de pesos diferidos a cuatro años, cifra que no soluciona los problemas presupuestales de las instituciones de educación superior.
• Iván Duque se ha negado a dialogar con el movimiento estudiantil en más de un mes de protestas. En una ocasión se reunió el viceministro de educación con los estudiantes y en otra se sentó directamente la ministra de Educación. Estas mesas de negociación no tuvieron ningún resultado positivo, pues tanto el viceministro como la ministra han incluso negado la crisis de las universidades y no han mostrado voluntad para solucionar el problema. Esto hizo que el 7 de noviembre los representantes estudiantiles decidieran levantar la mesa de negociación (Fuente).
• En reiteradas ocasiones, el presidente ha manifestado que no hay más recursos para la educación superior, escudándose en un déficit fiscal de 14 billones de pesos dejado por el gobierno de Juan Manuel Santos.
• En Octubre se aprobó el programa de gobierno Generación E. Este programa da becas a través de créditos condonables con el ICETEX a estudiantes en las universidades públicas. Contrario a lo que muchos pensarían, esta estrategia desfinancia a las universidades, pues los fondos van directamente al ICETEX. Además, el costo pagado en la matrícula de un estudiante corresponde, en promedio, al 10% de los gastos que la universidad debe asumir por el mismo. Por ese motivo, el programa de Generación E solamente aumenta la población estudiantil, profundizando más la crisis presupuestal de las universidades.
• La semana pasada, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes citó a la Ministra de Educación y a líderes del movimiento estudiantil para un debate de control político sobre el programa de Generación E. En un acto de desinterés e imprudencia, LA MINISTRA NO ASISTIÓ. Es menester anunciar que este programa le cuesta al país 500 mil millones de pesos anuales, con los cuales se podría, por lo menos, saldar el déficit de las universidades para el presente año.

Y bien, justamente hoy se instalará nuevamente una mesa de diálogo entre el gobierno y los representantes estudiantiles. Esperamos, por el bien de todos, que la ministra y el presidente muestren voluntad esta vez por solucionar la crisis. Mientras tanto, EL PARO SIGUE.

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