E.E.U.U REITERA AGRESION A VENEZUELA AL EXTENDER EL DECRETO.
Estados Unidos prorrogó este viernes su declaración de emergencia nacional con respecto a Venezuela, por considerar que la situación generada por el gobierno de Nicolás Maduro sigue siendo una amenaza para la seguridad nacional y los intereses estadounidenses, informó la Casa Blanca.
La declaración de una emergencia nacional, que permite a un mandatario estadounidense aplicar sanciones contra un país más allá de lo aprobado por el Congreso, fue emitida el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama.
El decreto cuya vigencia fue extendida en 2016 y 2017 por Obama se basaba en la existencia de violaciones a los derechos humanos, reducción de la libertad de prensa, detenciones arbitrarias, persecución de opositores y una ingente corrupción gubernamental.
El 24 de agosto de 2017, el presidente Donald Trump tomó medidas adicionales con respecto a esa declaración de emergencia nacional.
Trump fundamentó la renovación de la orden ejecutiva debido a un agudizamiento de las circunstancias que motivaron la primera declaración, incluyendo graves abusos contra los derechos humanos y las libertades fundamentales, profundización de la crisis humanitaria, instalación de una asamblea nacional constituyente (ANC) ilegítima, corrupción pública desenfrenada, represión y persecución a disidentes.
“Las circunstancias descritas en (esas órdenes ejecutivas) no han mejorado y continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, señaló Trump al argumentar su decisión.
Consultada el jueves sobre la posibilidad de que Washington aplique un embargo petrolero a Caracas, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo que el gobierno de Trump evalúa todas las opciones.
“Estamos considerando todas las opciones para restaurar la democracia en Venezuela, incluidas sanciones individuales y potencialmente financieras”, expresó.
Washington ya tomó medidas contra el presidente Maduro y sus funcionarios y prohibió a entidades estadounidenses comprar más deuda del Estado venezolano o de la compañía estatal venezolana Petróleos de Venezuela.